El Presidente Joe Biden y los congresistas demócratas trabajan actualmente en rescatar a los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante décadas con un estatus migratorio legal “temporal”. Sin embargo, el gobierno de Biden está otorgando simultáneamente ese mismo estatus a otros cientos de miles de inmigrantes, poniéndolos en riesgo de quedar atrapados en un limbo similar.
Los problemas que plantea el programa de Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) salieron a la luz la semana pasada, cuando la administración utilizó la autoridad ejecutiva para conceder esa calidad migratoria a hasta 300 mil venezolanos y unos 1,600 birmanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos y que se consideran incapacitados para regresar a su lugar de origen de manera segura debido a las emergencias humanitarias que existen en sus países. Los activistas y algunos demócratas electos están presionando al gobierno de Biden para que autorice más otorgamientos de TPS para inmigrantes cuyos países de origen sufren guerras, desastres naturales u otras emergencias, incluidos los haitianos que llegaron a Estados Unidos después de 2011 y los cameruneses.
Sin embargo, actualmente no existe nada que garantice que cualquiera de estos inmigrantes tenga una vía para conseguir la ciudadanía en el futuro. Aunque la Cámara de Representantes esté trabajando en proyectos de ley que crearían esa trayectoria para quienes ya tienen TPS — sobre todo la Ley de los Sueños y la Promesa (Dream and Promise Act), que la Cámara votará esta semana — esas propuestas no corresponden a las personas que obtengan un estatus temporal actualmente, o a quienes pudieran obtenerlo en el futuro.
Esto amenaza con dejarlas en un estado de incertidumbre que se ha vuelto demasiado común en los 30 años desde que el Congreso creó el programa de TPS: a menudo el amparo no es exactamente temporal, pero tampoco es precisamente permanente.
La socióloga Cecilia Menjívar, de la UCLA, nombra al TPS como una \"legalidad liminar\", un estatus frágil que deja a los inmigrantes a merced de los vientos políticos cambiantes. Muchos de los que cuentan con TPS han vivido en EE.UU. durante casi la mitad de sus vidas, obstaculizados en sus carreras y en su capacidad de planificar el futuro sin esperanza de conseguir nunca la ciudadanía según la ley actual, (mientras trabajan legalmente y se convierten en la columna vertebral de sectores clave como la construcción en muchas partes del país).
El presidente Donald Trump puso en evidencia la tenuidad del TPS cuando intentó quitarle la protección al 95 % de los inmigrantes que se beneficiaban de este, proporcionando lo que Erik Villalobos, de la Alianza Nacional del TPS, calificó como una “llamada de atención” para muchos inmigrantes que se habían acostumbrado a estar cómodamente en Estados Unidos y dependían del TPS para seguir en el país. (Entre ellos estaban los propios padres de Villalobos, inmigrantes salvadoreños en riesgo de perder su TPS bajo Trump antes de que él pudiera patrocinarlos para obtener tarjetas de residente en 2018).
Una demanda judicial logró frenar los esfuerzos de Trump, y, hasta ahora, el gobierno de Biden ha adoptado un enfoque generoso al extender el TPS a nuevos países y renovar las concesiones existentes. Sin embargo, las incertidumbres de los últimos cuatro años han hecho que tanto los inmigrantes como los demócratas elegidos se dieran cuenta de que “quizás se deba analizar lo que temporal significa en realidad”, según lo expresó Villalobos.
De acuerdo con la ley actual, se supone que lo “temporal” del TPS representa una solución provisional para inmigrantes que podrían regresar a su país en un futuro próximo, cuando su país se recuperara de una crisis momentánea. El Congreso creó el programa en 1990, después de años de frustración por la negativa del Presidente Ronald Reagan de conceder ayuda a los inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos que habían huido de la brutal guerra civil de ese país. El Congreso ordenó el uso del TPS para El Salvador, y autorizó al poder ejecutivo a añadir países a la lista si pasaban por un conflicto armado, desastres naturales o alguna otra “condición extraordinaria y temporal” que hiciera peligroso el retorno. No fijó límites en la cantidad de personas que podrían obtener esta calidad migratoria.
Después de 18 meses, se supone que el gobierno debe reevaluar y decidir de nuevo si un determinado país sigue en crisis y requiere que se le prorrogue el TPS. Si es así, quienes tengan el TPS pueden solicitar otro permiso de trabajo (con su correspondiente cuota de $500 dólares). Si no, se ven obligados a elegir entre quedarse en Estados Unidos como inmigrantes no autorizados, o regresar.
A pesar de eso, en muchas ocasiones a lo largo de su historia el TPS se ha transformado en algo más que una solución provisional. En la práctica, la recuperación se tarda un largo tiempo.
La última vez que se designó a un país del hemisferio occidental para recibir protección temporal fue en 2010, cuando se concedió el TPS a los haitianos en Estados Unidos tras un debilitante terremoto. La administración de Obama prorrogó el estatus tres veces. Cuando el Registro Federal anunció la tercera prórroga, señaló que, aunque “ya se había despejado la mayor parte de los escombros del terremoto” media década después del suceso, los edificios gubernamentales aún no habían sido reconstruidos y la mayoría de los ministerios seguían funcionando en instalaciones provisionales.
La crisis venezolana parece estar igual de inmejorable. Sus sistemas médicos y económicos se habían colapsado incluso antes de la pandemia de COVID-19, provocando la mayor crisis de refugiados del hemisferio occidental. En diciembre de 2019, la oficina de refugiados de Naciones Unidas estimó que más de 4.5 millones de venezolanos habían huido del país. Actualmente se calcula que 5.4 millones de Venezolanos están desplazados en el extranjero, la mayoría de ellos en la vecina Colombia.
Los defensores de los derechos y algunos políticos pasaron años instando a la administración Trump a extender el TPS a los venezolanos que se encuentran actualmente en Estados Unidos, pero sin éxito. Finalmente, en la última noche en su cargo como presidente —sin explicación alguna sobre el retraso ni el cambio de opinión de última hora— Trump emitió una proclamación en la que les otorgaba una concesión de protección similar pero menos formalizada (conocida como salida forzosa diferida). La medida de Trump atrajo tan poca fanfarria que, en muchos casos, los venezolanos que celebraron la concesión del TPS que dictó Biden la semana pasada parecían no saber que ya se les permitía solicitar permisos de trabajo.
Mientras tanto, los inmigrantes con TPS viven su vida en Estados Unidos: trabajan, se establecen, se casan, crían hijos nacidos en Estados Unidos. Algunos inmigrantes llevan décadas con el TPS: 79,290 hondureños con TPS viven en Estados Unidos desde 1998, y 247,412 salvadoreños desde 2001. En una encuesta realizada con estos dos grupos en 2016, los investigadores descubrieron que el titular promedio de un TPS tenía 43 años y llevaba 20 años en Estados Unidos, casi la mitad de su vida. Casi un tercio tenía casa en propiedad; casi dos tercios tenían hijos que eran ciudadanos estadounidenses.
“Para los titulares del TPS, creo que el hecho de que muchos de ellos lleven aquí tanto tiempo demuestra que nada es provisional, si se le da a alguien la oportunidad de crear un medio de vida aquí”, dijo Villalobos.
Cuando se le preguntó qué pasaría con estas personas si perdieran su estatus, Menjívar exclamó: “Dios, no puedo ni imaginarlo”. Por un lado, agregó, es poco probable que se vayan por su cuenta si se les quita la protección; simplemente se convertirían en inmigrantes no autorizados que viven en las sombras, y tendrían que “encadenarlos y obligarlos a subirse a los aviones” si Estados Unidos quiere garantizar su salida. Los deportados se verían aislados. “No tendrían una fuente de vida, perderían todo lo que tienen, su familia”, dijo Menjívar. “Equivale a una muerte social en muchos sentidos”.
Sin embargo, mientras viven en Estados Unidos se les recuerda continuamente su condición de marginales. Según la definición burocrática, ni siquiera son inmigrantes: técnicamente ese término está reservado para alguien que está en vías de residir permanentemente en Estados Unidos. “Incluso el hecho de tener que renovar el TPS cada 18 meses”, dijo Menjívar, “les indica que no es seguro”.
Esa amenaza se hizo mucho más real bajo la administración Trump. “Temporal significa temporal”, dijo el primer secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Trump, John Kelly (luego jefe de gabinete de la Casa Blanca), cuando advirtió que los haitianos probablemente perderían sus protecciones en 2017.
En sus primeros 18 meses, la administración anunció fechas de caducación del TPS para haitianos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, sudaneses y nepalíes, lo que supone el 95 % de los titulares de esta calidad migratoria. A menudo, mientras la administración presionaba para declarar a los países como “recuperados” de sus crisis temporales, los diplomáticos presionaban para que se permitiera que sus ciudadanos permanecieran en Estados Unidos. En 2019, la canciller salvadoreña Alexandra Hill utilizó una conferencia de prensa conjunta con el entonces secretario en funciones del DHS, Kevin McAleenan —llevada a cabo ostensiblemente para celebrar que los países habían firmado un “acuerdo de cooperación” que permitiría a Estados Unidos enviar solicitantes de asilo a El Salvador— para subrayar la importancia de que se continuara el TPS para los salvadoreños.
Mientras tanto, titulares del TPS de diferentes países se organizaron para protegerse, formando finalmente la Alianza Nacional del TPS e impulsando una demanda contra la administración de Trump.
Los jueces federales impidieron que Trump eliminara las designaciones del TPS mientras evaluaban si su administración había violado la ley federal al no deliberar adecuadamente las opciones y sopesar la opinión de los expertos. (Los correos electrónicos que se documentaron como parte de la demanda revelaron que el DHS había pedido que los analistas suministraran pruebas de que las condiciones en Haití estaban mejorando para justificar la terminación del TPS; mientras tanto, un funcionario nombrado por Trump se quejó de que un memorando sobre Sudán “se lee como si una persona que apoya firmemente la extensión del TPS para Sudán escribiera todo hasta la sección de recomendaciones, y luego, alguien que se opone a la extensión se escabulló detrás del primer tipo, lo golpeó en la cabeza, hizo a un lado su cuerpo sin sentido, y terminó el memorando”).
Mientras el asunto se desarrollaba en los tribunales, el DHS siguió prorrogando la validez de los permisos de trabajo de los titulares del TPS. El pasado otoño, cuando el Tribunal del Segundo Circuito dictaminó que la administración de Trump podía poner fin al TPS para los países afectados, el DHS ya había extendido los permisos de trabajo de los inmigrantes hasta octubre de 2021. Se espera que la administración Biden vuelva al orden establecido antes de Trump y continúe con las prórrogas.
Sin embargo la saga fue un recordatorio escalofriante de lo frágil que es vivir con un TPS. En el otoño de 2017, incluso antes de que la administración de Trump se moviera para cancelar el TPS para los salvadoreños, un estudio de padres inmigrantes centroamericanos encontró que la abrumadora mayoría de quienes tienen TPS estaban ansiosos por su futuro y la perspectiva de ser separados de sus hijos. Casi la mitad de estos encuestados tuvieron la calificación de “muy angustiados”, el doble que los inmigrantes no autorizados.
Vivir como residente temporal confina a las personas a los márgenes también de otras maneras. Los poseedores del TPS ganan más dinero que los inmigrantes no autorizados, pero tienen menos probabilidades de ser propietarios de una vivienda, lo que indica, según escribió Menjívar en un informe del año pasado, que “la incertidumbre a largo plazo socava los planes para un futuro”. Y, aunque la inmensa mayoría trabaja, no muestran los mismos patrones de integración económica a lo largo del tiempo que los inmigrantes permanentes: los titulares del TPS con más estudios, por ejemplo, no necesariamente tienen empleos más lucrativos o especializados que sus homólogos con menos educación, lo que indica que no son capaces de aprovechar plenamente su formación.
Al mismo tiempo han florecido nuevas formas de “legalidad liminar”. El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), otro amparo ejecutivo que requiere renovaciones regulares, es otra calidad migratoria frágil que podría ser cancelada o anulada por los tribunales federales en cualquier momento. Los solicitantes de asilo suelen pasar años en el limbo esperando a que se revisen sus solicitudes, ya que tanto los tribunales de inmigración como las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos van seriamente atrasados con la tramitación de casos.
Biden y los demócratas del Congreso quieren dar a la mayoría de las personas de estos grupos la posibilidad de solicitar el estatus legal permanente, con la opción de buscar eventualmente la ciudadanía. Últimamente, los demócratas han acogido la idea de permitir que los inmigrantes con TPS aceleren su camino hacia la ciudadanía, y que deberían legalizarse aunque esa legalidad no se le concediera al total de la población de inmigrantes no autorizados.
Una opción para abordar la cuestión que plantea la ampliación del TPS a los venezolanos y birmanos sería modificar los proyectos de ley de legalización que se encuentran actualmente en el Congreso. Incluso, mientras la Cámara de Representantes vota la Ley de los Sueños y la Promesa, los demócratas siguen debatiendo si esta y otros proyectos de ley similares que legalizan a ciertos grupos de inmigrantes deberían ser la prioridad legislativa, o si se debería impulsar una actualización única y más amplia del sistema de inmigración, como la Ley de Ciudadanía Estadounidense que se basa en el plan migratorio “del día uno” de Biden. En 2019, una versión anterior de la Ley de los Sueños y la Promesa obtuvo siete votos republicanos; muchos miembros de ese partido actualmente se oponen a cualquier proyecto de ley que legalice a los inmigrantes no autorizados sin que se aumente la financiación para el control fronterizo o se restrinja el asilo para quienes lleguen a Estados Unidos.
Un representante de Bob Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey y promotor principal de la Ley de Ciudadanía Estadounidense en el Senado, dijo que “explorará formas” de asegurar el amparo para los venezolanos con TPS. Los patrocinadores de la Ley de los Sueños y la Promesa no respondieron a las solicitudes de comentarios.
No obstante, aun si se incluye los inmigrantes que ya cuentan con el TPS en el proyecto de ley que avanza en el Congreso, ninguna de las dos propuestas incluye una disposición que cambie el programa del TPS en sí mismo, lo cual significa que cualquier inmigrante que quede protegido después de la firma del proyecto de ley seguiría estando en peligro de quedar atrapado en esta calidad migratoria intermedia.
